PUNTO+7+POLITICAS+DE+EMPLEO

PUNTO 7. POLÍTICAS DE EMPLEO

La historia económica de los países capitalistas desarrollados, especialmente de los europeos, ha estado marcada durante el último medio siglo por una especie de combate entre el sector público y el privado en torno a su papel en la regulación económica. Podría decirse que hasta mediado de los años 70, se vive la etapa dorada del intervencionismo del Estado. Quiere ello decir que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la denominada “crisis del petróleo” de 1973, la presencia del Estado no hace más que aumentar en detrimento del protagonismo del sector privado. Son los años presididos por la teoría de “los fallos del mercado”.

La crisis del petróleo y sus consiguientes efectos sobre las cuentas del Estado (creciente déficit) suponen un punto de inflexión. A partir de este momento arraigan con fuerza las corrientes que nos hablan de las limitaciones del sector público para regular la actividad económica. Desde mediados de los 70 hasta el momento actual (antes de la crisis) la confianza en la iniciativa privada y en los mecanismos del mercado no ha hecho más que crecer hasta el extremo de vivir una cierta mitificación de éste. Esta etapa dorada del mercado se ha visto favorecida por el derrumbe del socialismo en Europa y el proceso de globalización económica.

El mayor protagonismo del mercado refuerza su papel como agente básico en la distribución de la renta, lo que supone mayor desigualdad social en una economía capitalista. Con una peculiaridad, la precarización del mercado laboral en las dos últimas décadas y el correspondiente acrecentamiento de las desigualdades salariales, han acelerado este proceso de diferenciación social. Tal proceso no se ha visto aminorado por una política social más redistributiva.

Durante las dos últimas décadas, se han agrandado las diferencias entre las rentas del capital y del trabajo. Es cierto que la adversa evolución del empleo ha favorecido este fenómeno, pero no lo es menos que tal distanciamiento tiene que ver también con la muy diferente evolución de beneficio empresarial y salarios. Como es generalmente aceptado, los buenos resultados arrojados por el beneficio empresarial están más relacionados con la reducción del empleo y el control de los salarios que con el incremento de la productividad. Fenómeno completamente opuesto al que tuvo lugar en los años cincuenta y sesenta.

Las limitaciones de las economías desarrolladas para satisfacer la demanda de empleo han dibujado un panorama laboral desalentador en las últimas décadas. El “pleno empleo” posbélico ha sido reemplazado por un desempleo de tipo estructural, que presenta gran resistencia a reducirse, incluso en períodos expansivos. Este ejército de parados se enfrenta, a su vez, con unas prestaciones por desempleo que tienden a restringirse por efecto de la política de control de gasto, de modo que podríamos hablar de una cierta tendencia a la precarización de las prestaciones por desempleo. La consecuencia de esto es un ensanchamiento de las desigualdades sociales no sólo entre trabajo y capital, sino también entre ocupados y desempleados.

Otro factor que está favoreciendo el empobrecimiento relativo de una parte creciente de la población es la dispersión salarial, fenómeno íntimamente imbricado con el paro estructural. La segmentación salarial se acompaña, en no pocos casos, de una contención, cuando reducción, real de los salarios, favoreciendo, dicho sea de paso, la incorporación de la mujer a la actividad laboral como forma de contrarrestar este fenómeno. Simultáneamente, los salarios de un reducido número de trabajadores dependientes han experimentado ingentes alzas.

1. PRESTACIONES DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

En las políticas de empleo nos encontramos con dos tipos de intervenciones: las prestaciones protectoras del mercado, cuyo destino es proteger al trabajador de las distorsiones del mercado; y las prestaciones promotoras del mercado, serían aquellos programas orientados a favorecer el empleo y el mercado.

Las prestaciones protectoras del mercado son básicamente de tres tipos: subsidios de incapacidad temporal, prestaciones por desempleo y garantía salarial.

Centrándonos en las ayudas a los desempleados, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta al abordar su análisis es que sus efectos trascienden el ámbito económico. Si importante es la pérdida de renta, no lo es menos otro tipo de secuelas, como los daños “sicológicos”, la pérdida de motivaciones para trabajar, de cualificaciones y confianza en uno mismos, el aumento de las enfermedades y de la morbilidad (e incluso de las tasas de mortalidad), la perturbación de las relaciones familiares y de la vida social, el aumento de la exclusión social y el empeoramiento de las tensiones sociales y de las asimetrías de los sexos.

La pérdida de esta parcela de bienestar se hace aún más grave porque las prestaciones sociales por desempleo han tendido a hacerse más restrictivas. Son varias las razones que explican por qué el gasto en desempleo se ha visto afectado se ha visto afectado. Entre ellas se encuentra la teoría que mantiene que unas prestaciones muy generosas desincentivan la búsqueda de empleo. Sobre esta teoría, que tiene un amplio arraigo en los círculos neoliberales, hay que indicar que sus efectos son reducidos y, en todo caso, desproporcionados con el grado de endurecimiento de las prestaciones. No hay que olvidar que el desempleo que azota nuestras economías es de larga duración, lo que supone que la tasa de reemplazo de las rentas salariales por las derivadas de las prestaciones por desempleo y la duración de éstas no favorezca en la mayoría de los casos el riesgo de perder el empleo y mucho menos demorar su búsqueda. La excepción se encuentra en aquellos segmentos en los que se combinan prestaciones por desempleo elevadas con indemnizaciones por despido notables. En algunas oportunidades no ese el efecto desincentivador se la prestación el que explica en realidad estas nuevas políticas sociales, más bien hay que recurrir a otros factores, como son los relacionados con el beneficio empresarial o con la tendencia a individualista a criminalizar a la propia víctima.

El endurecimiento de las prestaciones por desempleo denota la concesión de un mayor protagonismo al mercado en perjuicio de la equidad, refuerza el sometimiento del desempleo a los designios del mercado al disminuir su capacidad de elección de un puesto de trabajo. Se argumenta que ello ha de hacerse en aras de una mayor eficiencia y de un mayor bienestar social. Sin embargo, no debemos olvidar que, desde el momento que se obliga a una persona a ocupar un puesto de trabajo en el que no puede desarrollar su cualificación profesional, se está hipotecando la eficiencia económica. Es cuando menos polémico que el sacrificio del principio de equidad conduzca a un mayor grado de eficiencia. Además, esta política aminora la capacidad redistributiva del estado de bienestar por la elevada carga redistributiva que poseen dichas prestaciones. Asimismo, el citado endurecimiento contribuye a ensanchar las diferencias sociales, cuando no la pobreza, ya sea por la vía de tener que aceptar un puesto de trabajo de menos cualificación y salario, de tener que vivir de una prestación inferior, o en el peor de los casos, de no gozar de ningún tipo de ingreso social.

En la normativa laboral española se han ido introduciendo cambios que han producido restricciones en la prestación por desempleo. El marco jurídico en que se desenvuelve la prestación por desempleo entre 1993 y 2000 contempla un paquete de medidas dirigidas a frenar el considerable aumento de gasto, y a impulsar la búsqueda de empleo. Con tal fin, se incrementan los requisitos de acceso al derecho a la prestación contributiva y se reducen los períodos y cuantías, se reducen los mínimos de prestación, se somete a cotización y a tributación las prestaciones. Todo ello provoca una reducción de la tasa de cobertura y un traspaso de posibles beneficiarios contributivos al área asistencial.

Además se crea un marco jurídico que contribuye a la política de endurecimiento de las prestaciones por desempleo al incorporar nuevas modalidades de contratación que carecen de esta prestación, como son los contratos de aprendizaje y los de a tiempo parcial con una prestación inferior a doce horas semanales y cuarenta y ocho mensuales.

Las prestaciones promotoras del mercado son las políticas activas de empleo

La base teórica de este tipo de políticas está vinculada al concepto de capital humano. Se considera que el factor trabajo puede ser objeto de inversión en formación y adiestramiento, de ahí que sea más correcto utilizar el concepto de capital humano para referirse a él. Este tipo de inversión es relevante para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico.

Otro fundamento teórico que favorece la expansión de las políticas activas es la consideración de que una parte significativa del desempleo obedece a la inadecuación de la mano de obra a los requerimientos del nuevo proceso productivo; según tal principio, poseer una buena formación amplía sensiblemente las posibilidades de encontrar empleo. No obstante, hay que recordar que es cierta la escasez de mano de obra de alta cualificación, pero también lo es que su número es muy inferior al de desempleados. Una elevada formación facilita el acceso al mercado de trabajo, no lo garantiza.

Las políticas activas de empleo (PAE) se sitúan, cada vez más, en el centro del debate sobre las intervenciones en e le mercado de trabajo y las acciones contra el desempleo. El tímido auge de las políticas activas de empleo se produce como respuesta a los problemas sociales agudizados por la desocupación, que afectan de forma transversal a colectivos que también padecen la desigualdad y la exclusión en otros ámbitos de su vida.

Las PAE tienen por objetivo crear empleo y prevenir la carencia del mismo sobre la base de diferentes acciones. Se trata de intervenciones directas para incrementar la población ocupada, combatir el desempleo y capacitar a las personas para encontrar trabajo, todo ello bajo el paraguas de diversas fórmulas.

Como políticas activas se pueden considerar los tres bloques que aparecen en la tabla siguiente:

Políticas formativas

-Formación profesional ocupacional

-Formación continua

Políticas de intermediación y

orientación laboral

-Sistema de intermediación entre oferta y demanda de empleo

-Orientación y asesoramiento

Iniciativas para la creación de

empleo

Políticas tradicionales

-Planes de fomento del empleo en el sector público

-Subvenciones y bonificaciones para la creación de empleo

-Programas de inserción laboral para colectivos específicos (Talleres de Empleo, Escuelas Taller, Escuelas de Oficios, etc.)

Políticas de tercera generación

-Nuevos yacimientos de empleo

-Fomento del autoempleo

-Nuevas metodologías: Pactos por el empleo y creación de parteneriados

Siguiendo las directrices europeas y los planes nacionales por el empleo, la mayor parte de las acciones dirigidas al colectivo de personas desempleadas ha tenido como objetivo mejorar su empleabilidad. Este concepto ha sido impulsado por la Unión Europea para definir las necesidades de las personas que se sitúan en la periferia del mercado laboral y que, por este motivo, necesitan ayudas públicas para su reincorporación a un empleo. Desde esta perspectiva, la principal causa del desempleo no es la estructura del mercado de trabajo o la situación económica sino que, al menos indirectamente, se tiende a culpabilizar a la persona desempleada de su situación, trasladando las causas del desempleo a las características individuales.

De esta orientación también se deduce que lo prioritario de las políticas activas es colocar a los desempleados y muchas veces se olvida de las condiciones laborales. Combatir la precariedad o el subempleo no son cuestiones centrales en estas políticas sino que priorizan reducir el gasto público en subsidios de desempleo buscando fórmulas de inserción laboral. Esta exigencia a entrar en el mercado de trabajo como contrapartida a cualquier ayuda social significa una pérdida de derechos sociales importantes y una condena a la precariedad laboral más impune.